Se llamaba el letrero del Made in, y durante mucho tiempo pareció un asunto muerto y enterrado. Gracias a su perseverancia, el Parlamento Europeo ha logrado reabrir una historia que había cerrado el Consejo, es decir, los Gobiernos nacionales, y ha vuelto a poner sobre el tapete la idea de hacer que sea obligatorio el sello de origen en los productos no alimentarios importados de terceros países. En la actualidad, el 10% de los controles efectuados por el sistema de vigilancia europeo Rapex en los productos textiles y el calzado —para no citar más que dos sectores— culminan con un veredicto que los declara “no remitible al fabricante”. Es decir, que uno de cada 10 juguetes no tiene nacionalidad ni, por tanto, ofrece garantía alguna de seguridad para la salud infantil, teniendo en cuenta que, por ejemplo, sus plásticos y sus colorantes pueden ser tóxicos y peligrosos.
La Comisión Europea abordó la propuesta del Made in por primera vez en 2005. El Parlamento Europeo tardó cinco años en aprobarla. Pero, cuando el texto llegó a la mesa del Consejo de ministros, un grupo de países encabezado por Alemania, con el apoyo de holandeses, escandinavos y británicos, puso todos los impedimentos posibles porque, en su opinión, la norma constituía un puñetazo inaceptable contra la libertad de comercio. Fueron inútiles los esfuerzos de los demás, los fabricantes: Italia, Francia, España, Polonia. El procedimiento se interrumpió. Hasta el punto de que, hacia finales de 2012, el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, sacó la propuesta de su programa para 2013. Consideró que era ya obsoleta e inútil.
Los parlamentarios europeos decidieron que no era así. Año y medio empezaron a presionar al Ejecutivo de Bruselas hasta que consiguieron que el texto regresara a la mesa. Estaban convencidos de la necesidad de colocar obligatoriamente una etiqueta Made in en todos los productos vendidos en la UE, con algunas excepciones como los alimentos y las medicinas. Era una cuestión fundamental para garantizar que el consumidor tuviera la seguridad de que se habían aplicado y respetado las normas sanitarias y de calidad europeas. Una garantía para los ciudadanos y además una forma de proteger a las empresas. La etiqueta europea nos dice si unos zapatos están hechos por nosotros, es decir, de manera segura y conforme a unas normas sociales aceptables. O si están hechos en el extranjero y pueden ser peligrosos, y tal vez los han cosido las manos de personas explotadas.
A principios de abril, la propuesta del Made in llegó a Estrasburgo para una votación abierta. Los grupos de presión nacionales, empezando por el alemán, hicieron campaña por el “no”, pero perdieron, al menos en esta primera ronda. Fueron 485 votos a favor, 130 en contra y 27 abstenciones. Un resultado extraordinario, vistos los precedentes. El texto dice que los productores de la UE podrían decidir si ponen en sus etiquetas Made in EU o el nombre de sus respectivos países. Los productos tendrán trazabilidad y seguridad. Para los consumidores es una victoria que los Gobiernos deben sellar de forma definitiva. No hacerlo sería como hacer un desprecio al Parlamento. Y a los ciudadanos que ha querido defender.
Fuente: El País
